Las entidades que agrupan a las personas con discapacidad venían demandando desde hace tiempo algún tipo de normativa que garantizase su acceso a las webs del sector público, como ministerios, parlamentos autonómicos, organismos judiciales, sanidad, etc. Buena parte de estas webs no están adaptadas para estos colectivos, de manera que las personas con problemas de visión o dificultades auditivas ven limitada su capacidad de comunicación.

La respuesta ha llegado este mes de septiembre en forma de Real Decreto. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto 1112/2108 sobre accesibilidad digital del sector público, que busca “garantizar la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía, en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores”.

El texto recoge las recomendaciones aprobadas años atrás por la Unión Europea y el Consejo de Europa y que estaban todavía pendientes de incorporación. En concreto, se introducen en el reglamento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y la del Consejo de Europa del 26 de octubre de 2016.

Mejorando la accesibilidad web de las AAPP

El Real Decreto ha sido elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet y ha contado con la colaboración del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI). El objetivo es conseguir que la ciudadanía en su conjunto tenga un acceso más amplio a las webs de los servicios públicos, en especial el colectivo con problemas de visión, dificultad para distinguir colores, problemas auditivos, cognitivos o físicos.

Las medidas para mejorar la accesibilidad web y las aplicaciones para móviles (WCAG) tendrán que aplicarse en el material informativo, documentos o formularios para descargar y contenidos en forma de video. También se tendrán en cuenta esas necesidades especiales en los procesos de identificación de usuarios, firma digital y mecanismos de pago. De esta manera, cualquier persona mayor o con alguna discapacidad podrá operar e interactuar con las páginas web públicas sin ningún impedimento.

El Real Decreto pone especial énfasis en los mecanismos de comunicación entre usuarios y administración. Las entidades estarán obligadas a facilitar la usabilidad de las webs, de manera que todos los ciudadanos sin exclusión puedan formular sugerencias o quejas a los organismos públicos. Para garantizar el cumplimiento del decreto, el gobierno tiene previsto crear una unidad de seguimiento que analizará la implantación de las medidas de accesibilidad de forma periódica.

¿Quién está obligado a aplicar el decreto de accesibilidad web?

La reglamentación va dirigida a los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. También deberá aplicarse en las webs y aplicaciones móviles del Congreso de los Diputados, Senado, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Banco de España y parlamentos autonómicos.

Así  mismo, están obligados a aplicar la ley los centros educativos, sanitarios, culturales, deportivos o sociales que dependan de fondos públicos y aquellos centros educativos privados que estén sostenidos con presupuesto del estado. Los sitios web ya en funcionamiento tienen un plazo de dos años para adaptarse al nuevo reglamento de accesibilidad. Para las webs de nueva creación (a partir del  20 de septiembre de 2018), la aplicación debe ser inmediata.